La mesa sectorial, representada por ANESAR, ASESFAM, CEJ, CEJUEGO, Club de Convergentes, COFAR, FEMARA, FEJBA y Plataforma para el Juego Sostenible, continúa trabajando en el plan para recuperar la actividad económica y laboral del sector del juego presencial privado tras el confinamiento.

La idea es que este documento circule a través de todos los canales asociativos para que sirva de base o argumentario de todos, y facilite un posicionamiento común a la hora de solicitar a las diferentes administraciones las medidas oportunas, primero, para conseguir una pronta reapertura de la actividad y, segundo, para la recuperación del sector.  Las diferentes asociaciones han concretado las propuestas anunciadas hace unos días con el objetivo prioritario de reactivar la actividad lo antes posible y garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de los clientes.

Además de las medidas ya anunciadas con anterioridad para garantizar la seguridad de la actividad -dotar a los trabajadores del equipamiento necesario, adecuar las zonas de recepción y control o la reducción temporal de los actuales aforos de los locales- se han propuesto otras como:

• Tener obligatoriamente y a disposición de los clientes elementos de prevención y seguridad sanitaria
• Garantizar las distancias mínimas de seguridad de los usuarios
• Poner en marcha protocolos de higiene y desinfección
•   Establecer las medidas de seguridad, higiénicas y de manipulación del dinero en efectivo y elementos por los que se canjee en función de los protocolos establecidos por los organismos competentes
• Facilitar diferentes formas de pago dentro de los establecimientos

En cuanto a las medidas laborales y financieras, se ha propuesto la ampliación de las líneas de avales aprobadas por el Gobierno, así como agilización y flexibilización de requisitos y criterios de concesión, sin excluir sectores de la actividad económica. También se ha estimado necesario que a partir de la reanudación de la actividad, los ERTEs tramitados por causa de fuerza mayor motivada por el cese de actividad, se puedan compatibilizar con fórmulas laborales que permitan adecuar las plantillas a las necesidades reales de las empresas.

Por otro lado, en materia fiscal, la mesa sectorial ha acordado trasladar a las distintas administraciones del Estado la necesidad de incorporar al sector del juego como un sector más sobre el que apoyar la estrategia de recuperación económica y de empleo a nivel nacional y la inclusión dentro de todos los planes de ayudas que está presentando el gobierno sin distinción, ni por actividad ni por tamaño de empresa. Esta propuesta se une a las ya comunicadas anteriormente como la suspensión del pago de tributos como el IVA, IRPF o las cotizaciones a la Seguridad Social y la exención del IAE del 2020, aplicando la cuota cero de la regla 15 del Real Decreto legislativo 1175/1990.

En el ámbito autonómico, se ha propuesto permitir aplazamientos y fraccionamientos de las tasas fiscales del juego que se pudieran solicitar por las empresas con este motivo, y que en los mismos se exima del pago de intereses y demás recargos que pudieran conllevar, flexibilizando así mismo los requisitos para su obtención. Otras medidas acordadas dentro de este ámbito han sido:

• Suspender la obligación de presentación de autoliquidaciones y pago de las tasas fiscales desde el inicio de la declaración del estado de alarma hasta 30 días después del reinicio de la actividad, en consonancia con lo establecido en la disposición final duodécima del RD Ley 11/2020.
• Suspender el devengo de las tasas de juego de las máquinas o bonificar el 100% en caso de que haya devengado, correspondientes a los días desde el inicio de la declaración del estado de alarma hasta 30 días después del reinicio de la actividad, en consonancia con lo establecido en la disposición final duodecima del RD Ley 11/2020
• Que en atención a la situación extraordinaria que concurre, se establezca una bonificación del 50% en las tasas vigentes para cada tipo de juego (máquinas, bingos, casinos, apuestas, etc.) para lo que resta de ejercicio 2020.

Las distintas asociaciones creen necesario paralizar las Leyes Administrativas en trámite o pendientes en las CCAA y Gobierno Central. “No tiene sentido regular con la idea de un escenario pre-COVID-19 cuando la realidad con la que nos vamos a encontrar será diametralmente diferente. Solicitamos posponerlas hasta principios de 2021. Que se decrete una moratoria de al menos un año en los recientes procesos normativos que han iniciado casi todas las Comunidades Autónomas, hasta tener un escenario estable del estado del País y del sector” han señalado las diferentes asociaciones.

La mesa sectorial recuerda que el objetivo final de estas propuestas es no poner en peligro el empleo y para ello cree necesario que las administraciones competentes estudien y analicen junto con el sector cuál ha sido y será el impacto económico y laboral por el COVID-19.